El Gobierno de Río Negro repudió la decisión del Grupo Clarín de denunciar a periodistas y funcionarios por supuesta incitación a la violencia, al tiempo que reivindicó la aplicación plena de la Ley de Medios.
En este marco, el Poder Ejecutivo Provincial ratificó su postura en favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y exigió que la misma se cumpla sin excepciones ni privilegios.
En su afán por mantener su posición hegemónica en el espectro audiovisual, el Grupo Clarín no ha tenido el mínimo reparo en señalar a periodistas y dirigentes como supuestos incitadores a la violencia, cuando en realidad, lo único que están reclamando es el cumplimiento de una ley que tiene tres años.
Aparentemente, el Grupo Clarín es uno de los pocos actores de la sociedad argentina junto con algunos otros sectores reaccionarios, que considera que el cumplimiento de una ley es sinónimo de violencia, una actitud totalmente reprochable desde cualquier punto de vista.
Pero mucho más repudiable resulta el hecho que en su afán de mantener privilegios obtenidos a lo largo de los años muchas veces en detrimento de los intereses de la propia sociedad argentina, Clarín le ponga nombre y apellido a los que considera sus enemigos.
Resulta vergonzoso que el multimedia ataque a través de la justicia a periodistas y funcionarios por decir lo que piensan. En la Argentina hace falta debatir, no judicializar o criminalizar las opiniones o posiciones políticas.
Desde el Gobierno se consideró la maniobra del Grupo, como un ataque brutal a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Presionar a un trabajador de los medios para que revele sus fuentes es anticonstitucional y lesiona el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión
Es un ataque directo por parte del grupo económico contra la libertad de prensa que dice defender, una agresión totalmente injustificable contra las instituciones democráticas argentinas.